IUStificado

Está claro que una vez concluidos los estudios en la Facultad, el desempeño académico que hayamos tenido, nada nos asegura. El "afuera" nos espera a los noveles abogados, como un terreno muchas veces inexplorado. Aquellos que no tuvimos la posibilidad de realizar practicas profesionales, nos aventuramos en los primeros pasos con suma cautela, y muchas veces encontramos dificultades para acceder de forma inmediata al ejercicio de la profesión . Algo similar sucede en el resto del mundo, y esa es la cuestión que se intentará abordar en las siguientes lineas. ¿Por que Japón ? Tomo el caso paradigmático de ese país, ya que salvando las distancias, su sistema -muestra de una ecléctica mixtura entre la tradición jurídica francesa y anglosajona- guarda ciertas similitudes con el nuestro. Mas allá de esas aparentes similitudes, aquello que nos une es también lo que nos diferencia y ese será el punto de partida de este articulo.

Se estima que en el año 2000 había en Japón alrededor de 17.000 abogados (弁護士), incrementándose ese número en el 2011 a una cifra de 30.516. Algunos pronósticos aseveran que la primera cifra se duplicara para el año 2018. Antes de que el ingreso de sangre joven se hiciera sentir en el mercado laboral, un abogado ganaba alrededor de ¥16  ¥20 millones al año (aproximadamente entre 200 y 250 mil dolares). En la actualidad, dado un aumento en la oferta de servicios jurídicos, el ingreso medio de un profesional del Derecho es de 8 millones de yenes.(100 mil dolares)

Más allá del notable aumento de graduados en los últimos años, Japón sigue detrás de los Estados Unidos y otros países en el numero de abogados que se inician en la profesión cada año. Detengámonos por un minuto en este punto. No soy amigo de las cifras, pero en este caso nos serán útiles para ilustrar la idea. Cada 320 norteamericanos encontramos 1 abogado, alrededor de un total de 799.960 en todo el país. Del otro lado del Atlántico, en Inglaterra, hallamos 1 abogado cada 694 britanicos, siendo en Francia la proporción de 1 cada 2.461 habitantes. En Japón, el margen es mas amplio ya que encontramos que hay un abogado cada 8.195 nipones. Si nos referimos a nuestro país, no encontramos cifras concretas, ni actualizadas, pero en base a datos estimativos del 2005, se calcula que hay 35 abogados cada 10.000 habitantes, un numero sin dudas considerable.


Se suele afirmar que el pueblo japones no es litigioso. Es posible que eso sea cierto, pero la realidad también nos demuestra que  la gente en condición de marginalidad o de escasos recursos tiene menor posibilidad de acceder a servicios jurídicos en comparación con sus equivalentes de EE.UU, Europa o América Latina, lugares en los que la asistencia jurídica mínima está asegurada. El gobierno japones destina alrededor de 20 mil millones al año para proveer ayuda legal a aquellos que no la pueden afrontar. El problema reside en que la gente que recibe esos fondos, los tiene que devolver en cuanto mejora su situación. Otro dato a tener en cuenta es que alrededor del 40% de los abogados trabajan en Tokyo y Osaka, y el 85 por ciento de los municipios japoneses no tienen abogados residentes. Estas cifras ilustran de manera certera, la desproporción en materia de acceso de justicia en el territorio japones.

En cuanto a los jóvenes graduados, la situación tiende a complicarse. Una reforma legislativa, ha establecido que los pasantes ya no reciban sueldos pagados por el gobierno. En su lugar, se propone que los mismos puedan solicitar créditos, con ciertas facilidades, para una vez concluida su pasantía, poder insertarse en el mercado laboral. A diferencia de nuestro país, en Japón el sistema de pasantías está institucionalizado. Aquellos que pasan el "shihō shiken" (algo así como un proceso evaluativo llevado a cabo por asociaciones de abogados, equivalentes a nuestros Colegios), en un sistema similar al de muchos países europeos, generalmente realizan pasantías a lo largo de todo un año, siendo las mismas auspiciadas por la Corte Suprema. Vale destacar la exigencia de los examenes, ya que se estima que de cada 20.000 postulantes, solo logran aprobarlo 700. Algunos afirman incluso que es necesario tener "memoria de elefante" para afrontar esos examenes, dando como resultado, abogados que se consideran a si mismos como una verdadera elite (con honorarios absurdamente altos). Concluida esa etapa de practica, los jóvenes graduados deciden cual será su área de incumbencia profesional en un futuro: jueces, fiscales, abogados. Los jueces y fiscales que trabajan en el sector publico, comienzan como asistentes, en los mas bajos escalafones, con salarios similares a los de cualquier otro funcionario de ese rango. Por otro lado, aquellos abogados que optan por desempeñarse en el sector privado, se concentran en trabajos que le permitan afrontar los gastos y créditos solicitados durante su etapa de formación, por lo que se dedican a actividades muy especificas que puedan producir grandes réditos en poco tiempo, generalmente radicadas en el ámbito corporativo. Esta situación implica entonces que el numero de abogados disponibles para atender las causas de quienes menos tienen, sea ínfimo.

Este asunto ha llevado al Partido Democrático de Japón a replantearse el sistema de créditos establecidos, e intentar modificar nuevamente la ley antes mencionada, regresando al anterior sistema en el cual el Estado se hacia cargo del salario de los pasantes. Algunos miembros del PDJ, e incluso el Jefe de Gabinete, son abogados, por lo que sumado al lobby de la Japan Federation of Bar Associations,es posible una vuelta  al sistema salarial, afirmando que de otra forma, solo la gente rica podrá convertirse en profesional del Derecho. Clara muestra de ello es que de 1.587 personas que ingresan al sistema de pasantías, alrededor de 500 no están en condiciones de recibir un crédito, por lo que tienen que sobrevivir con trabajos de otro estilo para mantener el estilo de vida que pretenden. Sin embargo, encontramos también argumentos contra la vuelta al sistema salarial, incluso de la propia comunidad jurídica. Los detractores afirman que si lo que se pretende es "producir" mas abogados con el propósito de hacer mas amplio el rango de asistencia judicial, entonces los programas de pasantías deberían ser mas flexibles. Por ejemplo, aquellos que se dediquen a la practica del derecho en zonas rurales, o se especialicen en defender criminales y clientes pobres, podrían tener facilidades respecto al pago de los créditos pedidos durante esa etapa. Por otro lado, aquellos que elijan la vía corporativa y mas lucrativa, tendrían que devolver la totalidad de esos créditos.

Lo cierto es que en la Argentina, el acceso al ejercicio de la profesión es materia de regulación provincial, coincidiendo en términos generales, la mayoría de las normativas regionales. Desconozco si alguna vez se ha intentado implementar un sistema similar al comentado, o al que hace décadas se sigue en otros países de la misma tradición jurídica. El debate es válido, siempre que se tenga en miras la mejora del servicio de justicia, y no cuestiones de corporativismo profesional que tiendan a desnaturalizar las propuestas. Brindar a los jóvenes abogados una vía institucionalizada para el ingreso a la profesión, sin excepciones, y en un marco regulatorio de igual entidad en todo el territorio nacional, considero que contribuiría a mejorar la calidad de profesionales, reflejandose en la mejora de la respuesta frente a las diversas demandas de la sociedad ligadas a la función del abogado.