Estado y Seguridad: Excusas y Exclusión (I)
Transitamos un año electoral y la seguridad ( o la inseguridad ) adquiere singular importancia instalándose como tema preponderante en el ámbito de la opinión pública. Las plataformas electorales de los diversos espacios políticos comienzan a versar sobre dicha temática al igual que los encendidos discursos de las figuras políticas más relevantes. Esta inmediata relación entre el "problema de la seguridad" y la retórica proselitista suscita particular atención. Massimo Pavarini*, referente inequívoco de la criminología actual, intenta explicar el vínculo que existe en la actualidad entre la cuestión criminal y el gestionamiento que de ella hace el Estado, dándonos la posibilidad, mediante una serie de propuestas teóricas, de aproximarnos a aquello que está detrás de este fenómeno.
Un cambio de modelo
El profesor de la Universidad de Bologna , afirma que el “gobierno político de la seguridad de la criminalidad”, reemplaza temporal y funcionalmente al “gobierno de la seguridad social”, proceso que coincide y acompaña la crisis del estado social de derecho. Este fenómeno tiene su origen en la década del setenta y se acentúa en los últimos años. La emergencia política en relación con la cuestión criminal implica un cambio de rumbo respecto a la dinámica estatal que había prevalecido a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los intereses se reordenan ; no así las necesidades. Es preciso construir un nuevo orden. Nuevos modos sociales de exclusión aparecen en escena y se perpetuán. El foco puesto en las políticas de seguridad aparece entonces como una excusa orquestada para justificar otro tipo de desapego, o en definitiva, para solapar algunas deficiencias que se hacen explicitas en un sociedad cada vez mas radicalizada.
Las metas propuestas por el Estado de Bienestar a fines de la década del cuarenta, restringen su ámbito de aplicación, o en otros términos, se reduce el ámbito de acceso a las mismas. Pavarini señala que en definitiva, la que invierte su condición como finalidad primordial es "la remoción de las condiciones materiales que dan acceso a la plena tutela de los derechos para todos". Lo que en un momento bregaba por ser obtenido, ahora debe ser protegido. Se modifica el catalogo de derechos que deben ser garantizados. El “tener”, se conjuga ahora como “retener”. El Estado deja de ser diligente. No es dadivoso, pero asegura que lo poseído siga en manos de sus dueños. Se logra de esa manera un efecto reflejo interesante: lo tuyo es tuyo, no por tus méritos, sino que lo es porque te ayudo a conservarlo. El Estado, entonces, se muestra como un garante que hace extensivo su poder no en la etapa primigenia de la relación entre sujeto-propiedad, sino como intermediario entre la tensión existente entre lo propio y lo ajeno, y las consecuencias en el plano de la realidad que puede acarrear ese vínculo.
La coerción penal, en un momento destinada a asegurar el imperio de la Ley, factor determinante en la estabilidad de cualquier Estado moderno, orienta ahora sus objetivos a la mediación de los conflictos nacidos a partir de la tensión de la propiedad privada con aquellos que intentan desvirtuarla valiéndose de la multiplicidad de conductas delictuales tipificadas en el orden normativo de cada sistema gubernamental.
Por otro lado, según el autor, entra en juego "la cuestión ético-política de los merecimientos sociales a la tutela de los derechos". Es decir, frente a la franca retirada del modelo de welfare y a la autentica incapacidad del Estado para ocuparse de la satisfacción de necesidades de diversa índole que surgen en el seno de la sociedad, se llega al extremo de criminalizar a aquellos que por motivos históricos y sociológicos ( en su mayoría de larga data ) quedan fuera del sistema. En cierta medida, y reeditando en la actualidad la teoría de la anomia ( legado de la criminología nacida bajo el "american dream" ) ; aquellos que no lograron alcanzar las metas sociales acordadas por el gobierno, valiéndose de las "oportunidades diferenciales de acceso a través de medios sociales disponibles", ingresan en una dinámica de "criminalización de su status". Es esta situación la que sirve como fundamento al derecho de seguridad de la criminalidad. ¿ De quien nos debemos proteger, entonces ? De aquel que no pudiendo ser incluido es visto como peligroso. El autor hace un paralelismo histórico entre este fenómeno y el que se vivió en la primera mitad del siglo XIX, con respecto a las clases peligrosas. Sin embargo, destaca como aspecto diferenciador, que en aquel entonces se confiaba en las perspectivas que a futuro ofrecía la dinámica de esa nueva economía, que de algún manera u otra iba a ser la encargada de equilibrar el mercado de la fuerza de trabajo. En la actualidad, nos encontramos en una etapa post-welfare en la que esa posibilidad no aparece como realizable, por lo que se debe recurrir a otro tipo de estrategias.
Entonces:
Un cambio de modelo
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| Graffiti ( Rosario, Argentina ) |
Las metas propuestas por el Estado de Bienestar a fines de la década del cuarenta, restringen su ámbito de aplicación, o en otros términos, se reduce el ámbito de acceso a las mismas. Pavarini señala que en definitiva, la que invierte su condición como finalidad primordial es "la remoción de las condiciones materiales que dan acceso a la plena tutela de los derechos para todos". Lo que en un momento bregaba por ser obtenido, ahora debe ser protegido. Se modifica el catalogo de derechos que deben ser garantizados. El “tener”, se conjuga ahora como “retener”. El Estado deja de ser diligente. No es dadivoso, pero asegura que lo poseído siga en manos de sus dueños. Se logra de esa manera un efecto reflejo interesante: lo tuyo es tuyo, no por tus méritos, sino que lo es porque te ayudo a conservarlo. El Estado, entonces, se muestra como un garante que hace extensivo su poder no en la etapa primigenia de la relación entre sujeto-propiedad, sino como intermediario entre la tensión existente entre lo propio y lo ajeno, y las consecuencias en el plano de la realidad que puede acarrear ese vínculo.
La coerción penal, en un momento destinada a asegurar el imperio de la Ley, factor determinante en la estabilidad de cualquier Estado moderno, orienta ahora sus objetivos a la mediación de los conflictos nacidos a partir de la tensión de la propiedad privada con aquellos que intentan desvirtuarla valiéndose de la multiplicidad de conductas delictuales tipificadas en el orden normativo de cada sistema gubernamental.
Por otro lado, según el autor, entra en juego "la cuestión ético-política de los merecimientos sociales a la tutela de los derechos". Es decir, frente a la franca retirada del modelo de welfare y a la autentica incapacidad del Estado para ocuparse de la satisfacción de necesidades de diversa índole que surgen en el seno de la sociedad, se llega al extremo de criminalizar a aquellos que por motivos históricos y sociológicos ( en su mayoría de larga data ) quedan fuera del sistema. En cierta medida, y reeditando en la actualidad la teoría de la anomia ( legado de la criminología nacida bajo el "american dream" ) ; aquellos que no lograron alcanzar las metas sociales acordadas por el gobierno, valiéndose de las "oportunidades diferenciales de acceso a través de medios sociales disponibles", ingresan en una dinámica de "criminalización de su status". Es esta situación la que sirve como fundamento al derecho de seguridad de la criminalidad. ¿ De quien nos debemos proteger, entonces ? De aquel que no pudiendo ser incluido es visto como peligroso. El autor hace un paralelismo histórico entre este fenómeno y el que se vivió en la primera mitad del siglo XIX, con respecto a las clases peligrosas. Sin embargo, destaca como aspecto diferenciador, que en aquel entonces se confiaba en las perspectivas que a futuro ofrecía la dinámica de esa nueva economía, que de algún manera u otra iba a ser la encargada de equilibrar el mercado de la fuerza de trabajo. En la actualidad, nos encontramos en una etapa post-welfare en la que esa posibilidad no aparece como realizable, por lo que se debe recurrir a otro tipo de estrategias.
Entonces:
1 - La emergencia Política de la seguridad de la criminalidad, no es otra cosa que la imposición de un diverso punto de vista capaz de reorientar, o de dar una diversa congruencia, a las cuestiones de la participación democrática frente a la progresiva restricción del Estado social.
2 - La forma culturalmente más aceptable para excluir algunos beneficios de Estado social es la criminalización de su status.3 - El acceso a la tutela de los derechos, hoy ya no puede pasar a través de la inclusión en la cultura del trabajo.
Pavarini traza entonces la actitud del nuevo Estado frente al manejo de la seguridad publica . Señala los cambios radicales que se dan en el seno de la sociedad a partir de la década del setenta y nos da pautas acerca de la posición que los gobiernos modernos adoptan frente a este cambio de modelo. Más adelante nos ilustrara acerca de las consecuencias concretas de este fenómeno.
* PAVARINI, Massimo. "Poner la pelota en el centro: Diez tesis y modestas propuestas para un gobierno". Cap. Criminol., jun. 2006, vol.34, no.2, p.147-159. ISSN 0798-9598.
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